Gobernador decide destino de varios proyectos de ley claves
La fecha límite para que el Gobernador firmara los proyectos de ley que la Legislatura le presentó este año oficialmente terminó a la medianoche del domingo pasado.
Aunque lamentamos informar que el Gobernador firmó algunos proyectos que tendrán consecuencias perjudiciales – como el Proyecto SB 24 que ahora permitirá los abortos químicos, pagados con fondos de los contribuyentes, en los planteles de las universidades públicas – la CCC también celebra algunas victorias que probarán ser integrales en la vida de muchos californianos.
Nos complace informar que el Proyecto AB 624 (Gabriel – D, Encino) fue vetado por el Gobernador Newsom. Este proyecto hubiese requerido que la tarjeta de identificación de todo estudiante en California tuviera el número impreso de una “línea de asistencia para la salud reproductiva o sexual”.
En su mensaje respecto al veto, el Gobernador Newsom utilizó algunos de los puntos de discusión de la Conferencia cuando escribió: “se agobiaría a las escuelas con la tarea de investigar a las agencias locales de la salud reproductiva, como un requisito de este proyecto. Hay muchas agencias, a lo largo del estado, que se niegan a dar a las mujeres información acerca de todas sus opciones respecto a la salud reproductiva, y no estoy convencido de que las escuelas cuenten con los conocimientos adecuados para decidir a cuáles de estas organizaciones deberían enviar a sus estudiantes”.
Felicitamos enormemente y agradecemos a las personas de la Red Legislativa Católica que enviaron sus cartas al Gobernador, pidiéndole que vetara este proyecto de ley.
California ordena la píldora abortiva en los centros de salud de las universidades
Con su firma la semana pasada, el Gobernador Gavin Newsom convirtió en ley el Proyecto SB 24, un proyecto que ahora ordena que todos los centros de salud en los planteles de las universidades públicas en California, provean píldoras para los abortos químicos, pagadas por los contribuyentes.
Andy Rivas, director ejecutivo de la Conferencia Católica de California, publicó la siguiente declaración cuando se firmó el Proyecto SB 24:
“El Gobernador Gavin Newsom ha firmado el Proyecto SB 24 (Leyva), un proyecto de ley que la Conferencia Católica de California le instó que vetara. Este proyecto requerirá que todas las clínicas médicas, ubicadas en los planteles de la Universidad de California y de la Universidad Estatal de California, tengan disponible los abortos por fármacos para sus estudiantes, suministrados por el personal estatal del plantel escolar; no porque dicho mandato promueva el bienestar de las mujeres universitarias y sus hijos, sino para promover una ideología política.
“La vida y dignidad de toda persona merece el respeto y protección en cada etapa y en toda condición. El derecho a la vida es el principio más fundamental y el primero de los derechos humanos. La vida humana es sagrada. La vida de un niño en el vientre de su madre es sagrada e inocente. Es por eso que tanto la madre como el bebé necesitan de nuestro apoyo y aliento para que su dignidad compartida y el aspecto sagrado de su vínculo sea promovido y protegido. Se debe rechazar cualquier legislación que desobedezca estas verdades fundamentales.
“Las mujeres de edad universitaria, particularmente las que enfrentan decisiones que pudieran transformar sus vidas, como lo es el embarazo, merecen un entorno seguro y solidario donde puedan recibir atención médica y asistencia adecuada, incluyendo asesoría sobre el embarazo y/o opciones relacionadas a los cuidados de salud continuos, cuidado infantil, asistencia para la vivienda, apoyo moral y adopción.
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California reanuda ley de prescripción para el abuso sexual de menores
El lunes 14 de octubre, Andy Rivas, director ejecutivo de la Conferencia Católica de California, publicó la siguiente declaración en torno a la aprobación del Proyecto AB 218:
“Hoy el Gobernador Newsom firmó el Proyecto de Ley 218 (González, D-San Diego) de la Asamblea, un proyecto que abre un plazo de tres años para permitir que demandas legales que datan de décadas sean presentadas en contra de instituciones públicas y privadas.
“La Iglesia católica ha afrontado este problema del abuso sexual de menores por más de dos décadas ya. Es un legado deshonroso para todos nosotros en la Iglesia, y sabemos que no hay nada que pueda enmendar la violencia que han sufrido los sobrevivientes y víctimas o restablecer la inocencia y confianza que les fue arrebatada.
“Por nuestras faltas del pasado, la Iglesia ha llevado a cabo importantes reformas y establecido sistemas eficaces para proteger a los niños. Por consiguiente, hoy son infrecuentes los nuevos casos de abuso en la Iglesia, en California. Adicionalmente, las diócesis a lo largo del estado han destinado cientos de millones de dólares para proveer terapias y otros servicios a las personas abusadas por miembros de la Iglesia.
“La Iglesia cooperó con el entonces gobernador, Gray Davis, y con la legislatura cuando inició la ley de prescripción en el 2003. La Iglesia pagó más de $1,2 mil millones para liquidar las reclamaciones presentadas por cientos de víctimas sobrevivientes. Desde entonces, las diócesis del estado han seguido brindando atención pastoral y apoyo económico a las víctimas sobrevivientes, independientemente de cuándo haya ocurrido el abuso.
Conferencia Católica de California elige nuevos dirigentes
Los obispos han elegido a su hermano obispo, Mons. Robert McElroy, de la Diócesis de San Diego, como nuevo presidente de la Conferencia Católica de California. Él reemplaza a Mons. Jaime Soto, obispo de Sacramento, quien completó dos términos como presidente.
Mons. McElroy, el Sínodo de Obispos para la Región Pan-Amazónica , nació en San Francisco y se convirtió en obispo auxiliar de esa Arquidiócesis en julio del 2010. Fue instalado como el sexto obispo de San Diego en abril del 2015. Previamente tuvo el cargo de vicepresidente de la Conferencia.
El nuevo vicepresidente es Mons. Kevin Vann obispo de la Diócesis de Orange quien previamente tuvo el cargo de secretario/tesorero de la Conferencia. Mons. Vann es parte de la mesa directiva del Colegio Pontificio de Norte América y presidente de la mesa directiva de la Red de Inmigración Legal Católica, entre otras obras de servicio.
Obispos comentan acerca de estudio que señala el peligro de las leyes del suicido asistido para las personas con discapacidades
La semana pasada, el Consejo Nacional para las Discapacidades (National Council on Disabilities – NCD) publicó un estudio federal aclarando que las leyes del suicidio asistido son peligrosas para las personas con discapacidades. En su informe, “El peligro de las leyes del suicidio asistido,” NCD provee varias recomendaciones acerca de las políticas incluyendo la exhortación para que los estados no legalicen ninguna forma de suicidio asistido o eutanasia activa . El NCD es una agencia federal independiente encargada de aconsejar al Presidente, al Congreso, y a otras agencias federales respecto a las políticas, programas, prácticas y procedimientos que afectan a las personas con discapacidades.
El arzobispo Joseph F. Naumann, de Kansas City en Kansas, y presidente del Comité de Actividades Pro-Vida de la Conferencia de Obispos Católicos de los EE.UU. (USCCB, por sus siglas en inglés) y Mons. Frank J. Dewane, obispo de Venice, y presidente del Comité de Justicia Nacional y Desarrollo Humano de la USCCB, publicaron la siguiente declaración:
“Aplaudimos al Consejo Nacional para las Discapacidades por su investigación e informe tan fundamental, exponiendo los serios riesgos del abuso, presión y discriminación planteados por las leyes del suicidio asistido, específicamente para personas con discapacidades. Cada suicidio es una tragedia humana, independientemente de la edad, discapacidad, o condición social/económica de la persona.
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18 de octubre de 2019
Tomo 12, No. 27